La desaparición de Claudia Agüero, su caso se convierte en símbolo de una deuda pendiente

Este caso no solo representa el sufrimiento de su familia, que a pesar de los años mantiene viva la esperanza de encontrarla, sino también la exigencia de una acción estatal más efectiva. La Ley de Personas Extraviadas (Ley 21.500)

Cinco años han pasado desde la desaparición de Claudia Jaqueline Agüero Agüero, y su caso sigue siendo un recordatorio doloroso del drama que enfrentan cientos de familias en Chile al buscar a sus seres queridos desaparecidos. Claudia, quien tenía 34 años, estaba casada y era madre de dos hijos, fue vista por última vez el 2 de diciembre de 2019, cuando su esposo la dejó en un paradero en el sector Valle Los Volcanes, en Puerto Montt, para que acudiera a su trabajo como asesora del hogar. Sin embargo, nunca llegó a su destino, según confirmaron sus empleadores, y desde entonces, su paradero es un misterio.

El caso de Claudia no solo representa el sufrimiento de su familia, que a pesar de los años mantiene viva la esperanza de encontrarla, sino también la exigencia de una acción estatal más efectiva. La Ley de Personas Extraviadas (Ley 21.500), promulgada en octubre de 2022, buscaba precisamente agilizar y mejorar los protocolos para enfrentar este tipo de situaciones, pero, a pesar de las promesas, sigue sin estar plenamente operativa.

La norma propone un protocolo de acción unificado y un sistema interconectado que permita coordinar a las instituciones responsables, priorizando las primeras 24 horas tras la desaparición, consideradas cruciales para localizar con vida a una persona. Sin embargo, su implementación ha enfrentado múltiples retrasos, y su funcionamiento completo se proyecta recién para el primer semestre de 2025.

En 2022 se anunció la creación de una unidad especializada en búsqueda de personas en la región de Los Lagos, que integraría a policías y otras entidades estatales. No obstante, hasta la fecha, dicha unidad no está operativa, lo que ha generado frustración entre las familias afectadas y organizaciones sociales, quienes denuncian la falta de coordinación y la lentitud en las respuestas.

Durante el 2024, el Ministerio Público registró más de 16.000 causas por presunta desgracia en Chile. Estas cifras evidencian la urgencia de contar con herramientas eficientes y protocolos claros para abordar la búsqueda de personas desaparecidas de manera efectiva.

Claudia Agüero, madre, esposa y trabajadora, sigue presente en la memoria colectiva. Su familia, junto a organizaciones como UBIPEPECH y Grupo Ámbar, continúa alzando la voz en redes sociales para exigir respuestas y justicia. Su caso, como el de tantas otras personas desaparecidas, es un recordatorio y un llamado al Estado para acelerar la implementación de la Ley de Personas Extraviadas, saldar esta deuda pendiente y garantizar que ninguna familia tenga que enfrentar la incertidumbre y el dolor de la espera.