Ejecutivo propone endurecer sanciones por escapes de salmones

Multar con el doble del valor comercial de los peces no recapturados en caso de fuga, es una de las propuestas que el Gobierno presentó esta semana a la Comisión de Pesca del Senado. Votación de la indicación quedó pendiente para la próxima sesión.

El Ejecutivo presentó este miércoles, ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, su propuesta de sanción para eventos de escapes de salmones, en el marco de la discusión del proyecto de ley (boletín 11571-21) que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en materia de escape de especies salmonídeas desde centros de cultivo. 

En lo sustancial, la proposición consiste en multar los eventos con el doble del valor de cosecha de los peces no recapturados. De esta forma, el incentivo estaría puesto en que la empresa responsable del escape realice todos los esfuerzos en capturar a la mayor cantidad de ejemplares posible.

Según la legislación vigente —artículo 118 ter de la LGPA—, actualmente las multa por escape tiene un tope máximo de 3000 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a 153 millones de pesos a diciembre de 2020.

La indicación presentada por el Ejecutivo —artículos nuevos 118 sexies y 118 septies, acordados con asesores jurídicos de la comisión— también establece que en el caso de constatarse que un centro de cultivo no cumple con las condiciones de seguridad conforme a la memoria de cálculo y al reglamento, no podrá sembrado hasta que se compruebe que el titular da cumplimiento a dichas condiciones. 

Asimismo, si se detecta incumplimiento en un centro que se encuentra con ejemplares, la empresa tendrá un plazo máximo de dos meses para retirar todos los peces de los módulos de cultivo, a menos que acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad. En este caso, la multa será equivalente al valor de cosecha de los ejemplares que se encuentren en el centro.

Además, propone que en caso de evento de escape, la empresa deberá realizar un monitoreo ambiental, durante dos años, en la zona geográfica donde ocurrió el siniestro.

La indicación fue explicada a los integrantes de la comisión —los senadores Kenneth Pugh, Rabindranath Quinteros, Ximena Rincón y David Sandoval— por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, y por la asesora jurídica del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Jessica Fuentes.

“Estamos abarcando completamente el circuito, por decirlo de alguna manera, poniéndoles obligaciones de seguridad que si son incumplidas se sancionan, y al final de la cadena, si hay escape, igual se sanciona, con mayor gravedad en el caso de que no hayan cumplido con las disposiciones de seguridad”, aseguró el subsecretario Zelaya.

Fuentes, por su parte, calificó la propuesta como una “sanción mucho más dura”, ya que se le cobra a la empresa responsable “el valor comercial o de mercado de los peces que estaban en cultivo”.

“De esa manera —aseguró la asesora jurídica de Sernapesca— se genera el mejor incentivo para que tanto el titular del centro de cultivo contrate a los pescadores para obviamente recapturar la mayor cantidad de peces. Mientras no recapture, va a ser más cara la multa”.

Las sanciones ante eventos de escape ha sido uno de los principales puntos discutidos este último mes por la comisión en el análisis del proyecto de ley, con presentaciones tanto de gremios salmoneros como de organizaciones de conservación como Oceana y WWF.

Otras indicaciones

Si bien esta indicación no alcanzó a ser votada en la sesión debido a la falta de tiempo, los senadores sí alcanzaron a dar su visto bueno —de manera unánime— a otras cinco indicaciones del Ejecutivo, relacionadas con autorizar solo pesca de salmónidos en casos de eventos escape, la obligación de los centros de cultivo de cumplir con condiciones de seguridad y el endurecimiento de las sanciones por sustracción de especies desde centros de cultivo.

Además, aprobaron la indicación propuesta por el Gobierno de publicar la información sobre la cantidad y clase de antibióticos y antiparasitarios —y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha— por empresa y centro de cultivo, al final de cada ciclo productivo, y no de manera mensual, como se había aprobado en general el proyecto.

Las indicaciones pendientes, entre ellas las propuestas hechas por otros legisladores, serán revisadas en la próxima sesión de la comisión.