Desarticulan red criminal que traficaba merluza austral desde Calbuco: entre los detenidos figura un funcionario de Sernapesca

La operación “Copperfield” permitió detener a siete personas e incautar más de 35 toneladas de productos hidrobiológicos y vehículos utilizados para su traslado.

Una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, a través de su unidad Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de merluza austral desde Calbuco. La operación, denominada “Copperfield”, culminó con la detención de siete personas, entre ellas un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por su presunta colaboración con la red.

Operación Copperfield

El procedimiento se realizó la noche del martes, en un trabajo conjunto con Carabineros —incluyendo el OS7 y el GOPE— y la Armada de Chile. Se allanaron cuatro domicilios y una bodega en Calbuco, así como un inmueble en Talca, donde fue capturado un presunto financista de la operación. En total, se incautaron aproximadamente 35.500 kilos de productos hidrobiológicos, dinero en efectivo, un arma de fuego, cuatro camiones y una camioneta utilizada para el transporte.

La investigación fue liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, a través de su unidad Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), permitió desbaratar una organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de merluza austral desde Calbuco. La operación, denominada “Copperfield”, culminó con la detención de siete personas, entre ellas un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por su presunta colaboración con la red.

El procedimiento se realizó la noche del martes, en un trabajo conjunto con Carabineros —incluyendo el OS7 y el GOPE— y la Armada de Chile. Se allanaron cuatro domicilios y una bodega en Calbuco, así como un inmueble en Talca, donde fue capturado un presunto financista de la operación. En total, se incautaron aproximadamente 35.500 kilos de productos hidrobiológicos, dinero en efectivo, un arma de fuego, cuatro camiones y una camioneta utilizada para el transporte.

La fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica de Miguel, explicó que la banda operaba al menos desde enero de 2024 y estimó que habrían movilizado cerca de 90 toneladas de recursos, con un valor aproximado de 500 millones de pesos. También destacó la incautación de los recursos utilizados lo que implica “la pérdida de medios económicos para estas organizaciones, que es algo tremendamente importante, y que son cuatro camiones”. Además precisó que el grupo con viajes frecuentes los días domingo y miércoles.

Sernapesca

Respecto al funcionario público involucrado, la fiscal confirmó que “recibía beneficios económicos para hacer más fácil el funcionamiento de esta organización”. El trabajador, que desempeñaba labores de fiscalización en el sector de Calbuco, fue formalizado por el delito de cohecho, mientras que el resto de los detenidos enfrenta cargos por infracción a la ley de pesca, asociación ilícita y lavado de dinero.

La directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, reconoció la gravedad del caso e indicó que se ha instruido un sumario interno. “Por eso para nosotros es tan relevante, porque somos una institución fiscalizadora y tal como lo dijo nuestra delegada, cuando hay hechos de corrupción son gravísimos y acá vamos a ejercer todas las acciones que correspondan, porque también es importante señalar que tenemos 1.200 funcionarios que hacen su trabajo día a día con dedicación y con prioridad, por lo tanto nosotros acá vamos a tomar todas las acciones necesarias” afirmó.

Desde el Gobierno, la delegada presidencial Paulina Muñoz valoró el trabajo interinstitucional y aseguró que “las distintas instituciones del Estado vamos a seguir reforzando la fiscalización, el control y la prevención”.

Medidas cautelares

Por su parte, el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado, explicó que esta operación se gestó tras denuncias de pescadores artesanales y antecedentes recogidos en fiscalizaciones. Añadió sin embargo que “esta es una investigación que va más allá de la Fiscalía Local de Calbuco. Es una investigación a nivel regional porque trasciende las fronteras de una comuna en específico. Aquí estamos viendo que hay personas que se han visto afectadas en la comuna de Calbuco siendo pescadores y que han sido perjudicadas por esta organización criminal a los cuales les compraban y buscaban blanquear muchos de los recursos que ellos comercializaban de manera ilegal”.

La audiencia de formalización se realizó durante esta jornada definió las medidas cautelares para los siete imputados formalizados tras la operación “Copperfield”, que permitió desarticular esta organización criminal dedicada a la extracción y comercialización ilegal de merluza austral y otros recursos hidrobiológicos en la Región de Los Lagos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Regional, tres de los imputados, quienes habrían actuado como financistas y compradores dentro de la red, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Según el Ministerio Público, estos individuos jugaron un rol clave en el financiamiento y destino final de los productos obtenidos de manera ilícita.

En tanto, el funcionario público detenido —perteneciente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)— y otro imputado vinculado a la logística de los traslados, fueron sometidos a arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional. Ambos habrían facilitado el funcionamiento de la organización, uno mediante omisiones en su rol fiscalizador y el otro coordinando rutas y bodegas de almacenamiento.

Finalmente, los dos últimos imputados, encargados del transporte de los productos hidrobiológicos, quedaron con firma quincenal y arraigo nacional.

La Fiscalía formalizó cargos por diversos delitos, entre ellos infracción a la ley de pesca, asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho, este último en el caso del funcionario público. La investigación, que comenzó en julio de 2024, incluyó seguimientos, análisis de focos delictivos y la colaboración de distintas instituciones del Estado.