Pedirán indulto presidencial para condenado que intentó incendiar la catedral en estallido social

La defensa apelará a un retraso cognitivo que los tribunales se negaron a examinar de su defendido.

El abogado defensor de Felipe Martínez, joven condenado a cumplir siete años de cárcel por intentar quemar la catedral de Puerto Montt con personas al interior de ese edificio en el marco del estallido social, pedirá el indulto presidencial al presidente Gabriel Boric.  

El joven de 20 años el 2020, recibió la condena como autor de hurto, daños al mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado, específicamente el de la Catedral de Puerto Montt, todos en el marco del estallido social de 2019.

El abogado defensor ha  recurrido a todas las instancias para lograr la libertad de Felipe Martínez. En febrero de 2021, la Corte de Apelaciones confirmó la condena y, en un nuevo requerimiento de la defensa ahora anunciaron que  acudirán al Presidente Gabriel Boric para solicitar un "indulto en particular", según explicó a El Llanquihue. 

Una vez presentado el requerimiento en el penal de Alto Bonito, Gendarmería contará con 90 días para reunir los antecedentes que formarán parte del expediente que será presentado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que luego será derivado al Mandatario para su resolución final.

La defensa argumentó que el condenado, Felipe Santana, padece de "un retraso cognitivo que los tribunales se negaron a examinar", y asegura que desde el inicio del proceso no contó con una buena defensa. "Creo que se le negó su derecho a defensa y debido proceso, toda vez que no hay prueba alguna que lo vincule con la hoguera", señaló el defensor.  

"Lo único que existe es una fotografía donde aparece tomando una malla que, posteriormente, aparece en dicha hoguera. Pero ningún juez ha sido capaz de acreditar que realizó el incendio", agregó el abogado de Martínez. 

La semana pasada, el ministro de la Segprés, Giorgio Jackson, anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de indulto de los presos en el contexto del estallido social. Se trata de una de las iniciativas que emanan desde el propio Gobierno y que ocurren luego del retiro de más de un centenar de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, una de las primeras acciones del Ejecutivo y que constituía parte de las promesas de campaña.